Reanudación de la política de asilo en la frontera desde el 21 de diciembre está en duda tras apelación de Biden

Al mismo tiempo que el Departamento de Justicia anuncia que apelará el fallo que ordena la eliminacion del Título 42, el gobierno se prepara para un nuevo escenario en la frontera después del 21 de diciembre respetando el debido proceso migratorio y recuperando la autoridad de los CDC para emitir protocolos de seguridad sanitaria.

La decisión anunciada el miércoles por el gobierno de Joe Biden de apelar el fallo judicial que canceló el Título 42 a partir del 21 de diciembre -que permite deportar migrantes a México debido a la pandemia- siembra dudas respecto a la reanudación de la política de asilo en la frontera con México.

En un escrito presentado ante la Corte de Distrito del Distrito de Columbia (DC) por el Departamento de Justicia (DOJ), esa instancia escribió que “el gobierno respetuosamente no está de acuerdo con la decisión del tribunal y argumentaría en la apelación, como ha argumentado en este tribunal, que las órdenes del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) eran legales y que este tribunal se equivocó al anular esas acciones de la agencia”.

De acuerdo con el documento, los abogados del gobierno esperan que el caso se posponga mientras una Corte de Apelaciones (del 5to Circuito) emite un veredicto respecto a otras impugnaciones al Título 42, al tiempo que los CDC siguen adelante con los planes de emitir un nuevo reglamento que regule las emergencias de salud pública.

Dicho de otra forma, el gobierno está renuente a eliminar la vigencia del Título 42 tal y como lo dictó a mediados de noviembre el juez Emmet Sullivan, de la Corte de Distrito de DC, pero exige que los CDC tengan la “autoridad para dictar normas de seguridad sanitaria” cuando lo estime necesario para proteger la salud de los estadounidenses.

El anuncio de apelación ocurre en momentos en que se registra un aumento de contagios y hospitalizaciones por covid-19, un recordatorio de que la pandemia del coronavirus persiste a pesar de los esfuerzos del gobierno para erradicarla.

La demanda de ACLU

El fallo del 15 de noviembre fue en respuesta a una demanda presentada en agosto del año pasado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) luego de fracasar las conversaciones con el gobierno para el retiro de la controvertida política de salud activada en marzo de 2020, medida que restringió la política de asilo y afectó el debido proceso migratorio.

ACLU alegó en un inicio que el Título 42 autoriza la deportación sumaria de Menores No Acompañados (UAC) “sin ningún debido proceso, incluso si el niño está huyendo del peligro y buscando protección en Estados Unidos y no muestra signos de tener covid-19”.

Sullivan ordenó al gobierno poner fin a la polémica regla por considerarla una política “caprichosa” y “arbitraria” que además viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

“Y ha dado lugar a miles de casos de ataques violentos, incluidas violaciones, torturas y secuestros”, dijo a mediados de septiembre Jonathan Blazer, director de estrategias fronterizas de la ACLU, luego de conocer un reporte donde se indicaba que el gobierno de Biden planeaba ampliar el programa.

Tras el dictamen, Sullivan aceptó una moción del gobierno y otorgó una prórroga de cinco semanas, hasta el 21 de diciembre, para proceder a la cancelación del Título 42, plazo que sigue vigente.

Qué escenarios se plantean

Mientras se acerca la fecha fijada por Sullivan, abogados se preguntan qué hará el gobierno después del 21 diciembre. “Por el anuncio del miércoles, se entiende que el DHS tiene la esperanza de que se mantenga el Título 42”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“La razón para justificar esta esperanza es que todavía no reúne las condiciones para recibir la cantidad de migrantes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estima, entre 14,000 y 18,000 casos de asilo diarios”, agrega.

Guerrero dijo además que “otra posibilidad es que el DHS y los CDC anuncien una política de reemplazo del Título 42 antes del 21 de diciembre. Pero cualquier medida que conlleve la expulsión acelerada de extranjeros por razones de seguridad pública deberá contar con el consentimiento de México para recibir a las personas que no sean admitidas en Estados Unido

“Se trata de un tema sumamente complicado”, advierte Ángel Leal, abogado de inmigración en Miami, Florida. “El gobierno apela, pero en el anuncio se pronuncia que pedirá a la Corte de Apelaciones que DC deje la apelación en pausa porque también hay otra apelación pendiente en el 5º Circuito que tiene que ver con la suspensión del Título 42”.

A su vez, agrega, “tanto el DHS como los CDC están en proceso de una nueva reglamentación del Título 42 con el objetivo de proteger la autoridad de las autoridades federales de salud pública de poder actuar prontamente cuando exista el reto de una posible enfermedad contagiosa, como sucede con el COVID-19”.

Leal advierte que en la apelación pendiente en el 5º Circuito, tras una demanda encabezada por Texas, si se restablece la autoridad de los CDC para actuar, el fallo del juez Sullivan “deja de tener vigencia”, aunque advirtió que a pesar de ello puede que algunos estados intervengan con otras demandas.

Dijo además que “dada la pandemia, el Título 42 se convirtió en una herramienta de control migratorio”. Pero indicó que todo apunta, por lo actuado por el gobierno hasta ahora, que “existe la intención de, por una parte, seguir teniendo autonomía para actuar ante un riesgo de salud pública, y por otra respetar y proteger el debido proceso migratorio de asilo”.

El plan de Biden

Hasta ahora todo indica que el DHS anunciará la expansión de la Norma Final Provisional de Asilo anunciada a finales de mayo que otorga poderes discrecionales temporales a los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para conceder, referir o rechazar peticiones en la frontera con México antes de que estas lleguen a los tribunales de inmigración.

El protocolo fue diseñado y activado para “mejorar y acelerar el procesamiento de solicitudes de asilo presentadas por indocumentados sujetos a deportación acelerada, asegurando que aquellos que son elegibles para asilo reciban ayuda rápidamente, y los que no lo son sean puestos en proceso de expulsión acelerado”, indica el reglamento.

Por ahora el programa ha estado vigente en dos pasos fronterizos ubicados en El Paso, Texas, pero se espera que en cualquier momento el DHS anuncie su expansión a otros puestos fronterizos para atender la demanda de casos que se avizora para después del 21 de diciembre, una vez sea levantado el Título 42, y restaurada la facultad de los CDC para emitir medidas de control en caso de emergencias de seguridad sanitaria.

La regla provisional de asilo por la que apuesta Biden autoriza a los agentes de asilo de USCIS “a considerar las solicitudes de asilo de ciertas personas sujetas a deportación acelerada que establecen un temor de persecución o tortura (CAT) durante su evaluación de temor creíble requerida”.

Hasta ahora tales casos son decididos por jueces de inmigración (IJ) dentro de la Corte de Inmigración, bajo el mando del Departamento de Justicia (DOJ). Sin embargo, debido a la vigencia del Título 42 desde marzo del 2020, los agentes de la Patrulla Fronteriza, en uso de la discrecionalidad que les fue otorgada por el gobierno, han devuelto de manera acelerada a México a más de 2 millones de extranjeros por la pandemia del covid-19.

En los casos donde no se aplica el Título 42, el agente de la Oficina de Aduanas y control Fronterizo (CBP) toma la decisión de referir al inmigrante a un agente de asilo de USCIS, quien en uso de los poderes extraordinarios temporales otorgados por la nueva regla puede conceder, referir o rechazar un pedido de asilo.