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Corte Suprema dictamina que los residentes de Puerto Rico no tienen derecho constitucional a algunos beneficios federales

Corte Suprema dictamina que los residentes de Puerto Rico no tienen derecho constitucional a algunos beneficios federales

El Congreso puede excluir a los residentes de Puerto Rico de algunos beneficios federales por discapacidad, disponibles para quienes viven en los 50 estados, dictaminó este jueves la Corte Suprema, en una decisión de 8-1, con la jueza Sonia Sotomayor en contra.

"Al concebir los programas de impuestos y beneficios, es razonable que el Congreso tenga en cuenta el equilibrio general de los beneficios y las cargas para los residentes de Puerto Rico. Al hacerlo, el Congreso no necesita realizar una comparación dólar a dólar de cómo se aplican sus programas de impuestos y beneficios en los Estados en comparación con los Territorios, ya sea a nivel individual o colectivo", escribió el juez Brett Kavanaugh por la mayoría.

El caso se refería a la Seguridad de Ingreso Suplementario, que está disponible para aquellos que viven en los 50 estados que son mayores de 65 años, ciegos o que tienen alguna otra discapacidad. Pero los residentes de Puerto Rico y otros territorios estadounidenses están excluidos de recibir los fondos.

La jueza Sonia Sotomayor, cuyos padres nacieron en Puerto Rico, redactó la única opinión disidente.

"La igualdad de trato de los ciudadanos no debe dejarse a los caprichos del proceso político", escribió. "Dado que los residentes de Puerto Rico no tienen representación de voto en el Congreso, no pueden confiar en sus representantes elegidos para remediar las disparidades punitivas que sufren los ciudadanos residentes de Puerto Rico por el trato desigual del Congreso".

Este es el caso de José Luis Vaello-Madero, que nació en Puerto Rico en 1954 pero vivió en Nueva York de 1985 a 2013. En 2012, se determinó que tenía derecho a recibir los pagos por discapacidad después de un accidente cerebrovascular, que se depositaron directamente en su cuenta corriente.

Después de que se mudara de nuevo a Puerto Rico en 2013, siguió aceptando los pagos hasta que el gobierno se dio cuenta de que estaba viviendo fuera de los 50 estados. Se le comunicó que sus prestaciones se interrumpirían y que debía pagar US$ 28.081 en concepto de atrasos. Sus abogados demandaron posteriormente, argumentando que la exclusión de los residentes de Puerto Rico violaba la igualdad de protección.

Hermann Ferre, abogado de Vaello-Madero, dijo que el programa pretendía sustituir "un mosaico desigual de programas" para las personas con discapacidad por un "estándar uniforme de apoyo nacional" para que los estadounidenses pobres y con discapacidad pudieran vivir con dignidad.

"Pero esa garantía no la disfrutan todos los estadounidenses", dijo, y argumentó que la Corte debería mirar con recelo la exclusión porque deja fuera a los puertorriqueños por su raza.

El gobierno de Joe Biden defendió la exclusión, señalando que la mayoría de los puertorriqueños están exentos de impuestos federales, por lo que el Congreso podría tener en cuenta esa reducida contribución a la hora de excluirlos de algunas prestaciones por discapacidad. Un abogado del gobierno subrayó que correspondería al Congreso ampliar los beneficios, y el presidente Biden ya pidió al Congreso que lo hiciera.

"Siempre es apropiado que el Congreso tenga en cuenta el equilibrio general de los beneficios y las cargas asociadas a un programa federal concreto", dijo el procurador general adjunto Curtis E. Gannon a los jueces en los argumentos orales.

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